El CPR participó de la audiencia de Libres del Sur hacia una nueva ley de comunicaciones más inclusiva el pasado jueves 14 de abril.
Un medio comunitario no se distingue de otros por su tamaño sino por sus objetivos y luchas.
El Centro de Producciones Radiofónicas, como productora de contenidos para medios alternativos, comunitarios, populares e indígenas; como centro de investigación sobre políticas públicas y producción sonora; como organización civil que vela por una sociedad más democrática y equilibrada; como grupo humano que no se conforma con una democracia a medias y trabaja a diario para ampliar el piso de participación social:
sostuvo que la comunicación no es un derecho exclusivo de empresas detrás del falso estandarte de la libertad de expresión para el lucro indiscriminado. Una ley respetuosa de un derecho humano no puede ni debe anteponer la noción de mercado y favorecer la concentración sobre el fin de ese derecho que es garantizar una sociedad verdaderamente libre y soberana.
La comunicación no puede ser regulada como cualquier otro sector industrial, porque se trata de la circulación y construcción de las culturas, los valores, las identidades de las personas que la ejercen que no pueden ser medidas en ganancia económica. La garantía de una correcta distribución de pauta oficial, transparente y regulada por un organismo autárquico tanto en la letra como en la práctica es necesaria para dar un primer gran paso para la igualdad de condiciones de los distintos sectores sociales de una sociedad. Al mismo tiempo debe garantizarse el acceso a internet como espacio libre de construcción de conocimiento y circulación de información para los medios comunitarios, alternativos, populares e indígenas y los fondos de fomento necesarios para radios universitarias e indígenas sin la obligación del concurso público. No debe permitirse a ningún gobierno desconocer y tergiversar los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la comunicación que sostienen el respeto ante todo de una autarquía total de los entes reguladores de la comunicación. El caso de la Defensoría del Público como modelo nacional, que logró sobrevivir a las modificaciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante decretos, es clave para pensar y proyectar futuros organismos y corregir los creados recientemente, tal es el caso de Enacom.
Dentro de los llamados medios sin fines de lucro, los comunitarios que tienen características distintivas respecto de otros bajo el mismo paraguas deben contar con la garantía de disponer de una subreserva del espectro radioeléctrico dentro del 33% que los contempla. Un discurso que no distingue las especificidades de los medios comunitarios y los llama arbitrariamente “medios pequeños” como suele referirse el mismo ministro Aguad cuando habla sobre todos aquellos que no entran dentro de los “grandes medios”, los hegemónicos y concentrados, pone a la vista el desconocimiento, intencional o no, de las trayectorias complejas y fundamentales para la democratización de la comunicación de los medios comunitarios. Un medio comunitario no se distingue de otros por su tamaño sino por sus objetivos y luchas.
Por último, una ley respetuosa del derecho a la comunicación y la libertad de expresión debe ser sostenida y acompañada por otras legislaciones como es el caso de una ley precisa y profunda sobre el acceso a la información.
