El gobierno lanzó la posibilidad de opinar sobre la futura ley con un límite de temas y extensión.
El 22 de septiembre el jefe de gabinete Marcos Peña dio una conferencia de prensa junto a la coordinadora de la Comisión de Redacción de la Ley Convergente Silvana Giudici, el titular de ENaCom Miguel de Godoy y el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad. Peña comenzó relevando como positivo todo el proceso de reformas que se fueron dando en torno a la comunicación, y aseguró que siempre quisieron hacer ese proceso de forma participativa y transparente, y que por eso la Comisión Redactora se reunión con distintos sectores (12 reuniones con 4 organizaciones promedio cada reunión). En esa tónica, anunció el lanzamiento de una instancia de participación virtual para que los ciudadanos opinen sobre la futura norma y la Comisión Redactora considere esos aportes a la hora de realizar su trabajo.
La instancia mencionada consiste en una sección en la web donde cualquier ciudadano puede dar su aporte en… ¡300 caracteres! Cada ciudadano puede hacer un solo comentario para cada una de las siguientes categorías predeterminadas en el formulario online:
- Autoridad de aplicación y organismos de control
- Promoción de la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Bienes culturales y derechos de usuarios y consumidores
- Desarrollo de infraestructura y neutralidad de las redes. Interconexiones y defensa de la competencia
- Administración y gestión del espectro radioeléctrico
- Sistema de medios públicos
- Otros
Peña anunció también que con estos aportes, antes de marzo se estará presentando el proyecto de ley.
La instancia mencionada consiste en una sección en la web donde cualquier ciudadano puede dar su aporte en… ¡300 caracteres!
Un periodista les preguntó cuáles eran las diferencias entre la actual legislación y la que se viene. Si bien De Godoy afirmó más adelante que aún no hay texto y que por eso se esperan los aportes ciudadanos, Giudici ya estableció en qué se diferencia la actual ley del texto que dicen que aún no existe: la creación de EnaCom; la prioridad puesta en el ciudadano para garantizar “mejores tarifas, mejores servicios y libertad de expresión”; “un marco regulatorio aplicado por igual para todos, no como al anterior que beneficiaba a algunos”. Y completó que eso nos acerca a los países del mundo cuyas telecomunicaciones son un motor de desarrollo para las economías. Sin ánimo de ser insistentes, hace tiempo venimos destacando que el enfoque del actual gobierno sobre las comunicaciones hace énfasis en las telecomunicaciones como un factor dinamizador del mercado, y no en la responsabilidad del Estado en la defensa de un derecho humano (Materiales disponibles en Materiales Relacionados, debajo de esta nota). Las palabras de Giudici no pueden ser más elocuentes.
Volviendo a la herramienta lanzada como #SumáTuAporte, mencionaron que en la web podrán verse las opiniones de cada uno. Y lo definieron como “una herramienta de gobierno abierto”. El gobierno inventó un Twitter propio para quedarse con la conciencia tranquila, serenar la libido participativa y abierta que se impone en temas de derechos de comunicación, pero por supuesto con efectividad ciertamente dudosa. Si opinar es 300 caracteres y confiar en que será tomado en cuenta, la apertura parece quedarse solo en lo discursivo.
Si opinar es 300 caracteres y confiar en que será tomado en cuenta, la apertura parece quedarse solo en lo discursivo.
Para agregarle contradicción y ambigüedad a las intenciones con que el gobierno lanza esta instancia de opinión, De Godoy afirmó que el gobierno no quiere imponer su voz, sino recoger la opinión de los ciudadanos para lograr que la comunicación sea “convergente, competitiva y beneficie al usuario.”
