El Dr. Rosenkrantz es socio fundador del estudio que representó al grupo Clarín en su batalla contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Cámara de Senadores aprobó los pliegos de los Dres. Horacio Rossatti y Carlos Rosenkrantz, dando lugar a que ambos juristas se incorporen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, posibilitando que dicho órgano complete la totalidad de sus miembros. Es dable recordar, que este nombramiento en su origen fue sumamente cuestionado por surgir a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 83/2015 y no mediante el proceso establecido constitucionalmente, que fuera como finalmente se procedió.
Ahora bien, entre los juristas señalados es menester hacer hincapié en la figura del Dr. Rosenkrantz, quien desde 1992 es socio fundador del estudio que representó al grupo Clarín en su batalla contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así las cosas, el estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, cuenta entre su cartera de clientes con las firmas Clarín SA y Cablevisión SA. Su estudio no sólo representó a Clarín en el juicio por la ley de medios ante la Corte, sino que, además, Rosenkrantz es fundador de la “Asociación para la Defensa de la Competencia”. Desde esta ONG se presentó un amparo tendiente a lograr la suspensión de la Resolución 100/10 que declaraba la caducidad de la licencia de Fibertel
Estos detalles fueron materia de observación por parte de algunos Senadores en la audiencia pública realizada el pasado 10 de marzo, en donde el postulante a la Corte Suprema se sometió –según así lo requiere el proceso– a una serie de preguntas de diversa índole. El Senador Pichetto, por caso, le consultó respecto de la nómina de clientes con las que cuenta su estudio y la injerencia que sus defendidos han tenido en la agenda judicial de los últimos años. Rosenkrantz respondió: “respecto de los clientes que hube atendido, pero traen a la Corte casos diferentes a aquellos en los que yo participé, en algunos casos dependiendo de las circunstancias ofreceré mi excusación a mis compañeros de la Corte para que tomen decisiones al respecto y en algunos otros, más concretamente, en el caso Clarín, me excusaré, porque creo que hay razones de decoro que así lo indican. Aun cuando no dudo en modo alguno de la imparcialidad con la que puedo analizar los casos que se traigan ante los estrados del Tribunal.”
El Senador Solanas minutos más tarde, manifestó su inquietud respecto de la concepción que tiene el letrado con relación al derecho a la información pública: “¿cuál es para usted el límite al principio de máxima divulgación en materia de acceso a la información determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el antecedente del caso Reyes, aquel litigio en Chile, y “recepcionado” por nuestra propia Corte Suprema de Justicia con el precedente del caso PAMI?”. La respuesta de Rosenkrantz fue: “¿cuáles son los límites de la información? Yo creo que esa es una cuestión que depende del detalle, que tiene que ser analizada caso por caso. Sin embargo, el principio general es: cuando el Estado está involucrado, los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información de las entidades de que se trate. (…) Es probable que en ciertas circunstancias, como claramente lo ‘excepciona’ la ley, haya información confidencial que puede ser protegida; pero creo –reitero– el principio es de pleno acceso a la información. (…) Creo que los ciudadanos tienen un derecho extenso al acceso a la información pública con los únicos límites, que he tratado de enunciar en un sentido muy general, que hay que analizar caso por caso”.
Así las cosas, el órgano supremo del Poder Judicial tendrá entre sus integrantes a un miembro que deberá velar por mantener el equilibrio en la balanza de la justicia, mientras en su proceso de elección fuera fuertemente cuestionado recibiendo incluso 13 impugnaciones.
