El 21 de diciembre el gobierno se dio una nueva prórroga para cumplir con redactar el prometido anteproyecto de ley convergente. ¿Qué significa?
“No es cábala, es costumbre” repite Carlos Salvador Bilardo para justificar algunas de sus conocidas e insólitas prácticas en el fútbol. Así de acostumbrados/as estamos, a esta altura, de que el gobierno nacional se excuse sistemáticamente por su insólita práctica de no cumplir con sus promesas. En el terreno de la comunicación, una de las más importantes ha sido redactar un proyecto de ley convergente. Porque lo que tenemos es vetusto, porque es necesario y urgente. Desde que la gestión Macri asumió el 10 de diciembre de 2015 nos vienen repitiendo que la normativa en comunicación es obsoleta. Y eso justificó barrer con algunas de sus cláusulas por la vía del decreto. Esas necesidad y urgencia debieron imponer coherencia: la promesa -incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– fue que la situación era transitoria. Luego crearon una comisión para redactar una nueva norma en seis meses.
Como hemos detallado en repetidas oportunidades, esa comisión no cumplió su cometido. Los originales seis meses se extendieron a dos años luego de tres prorrogas autorregaladas. Cuando la resolución 601 de marzo de 2017 cometió la infidencia de anunciar que ya tenían texto, no fue posible obtenerlo, a pesar de seis pedidos de información contestados con evasivas o información basura.
En diciembre de 2017 nos negaban la existencia del texto luego de nuestro sexto pedido, a la vez que un miembro de la comisión lo publicaba “por las suyas” en su blog personal. El tema fue disolviéndose y reconvirtiéndose en la discusión por la famosa “ley corta” que lejos está de las promesas sobre la convergencia, a esta altura un caballo de troya fabricado con el material de las excusas.
La costumbre también dicta que sobre el fin de año se emiten los anuncios y resoluciones más turbulentos en materia de comunicación. El 21 de diciembre de 2018, el Ente Nacional de Comunicaciones recibió a Papá Noel (que son los padres) con una nueva prórroga dentro de su saco. Así lo establece la Resolución 131. Esta vez la excusa es que aún no ha sido sancionada esa “ley corta” y que por lo tanto, deben esperar que eso ocurra para tenerla en cuenta a la hora de presentar el texto final del anteproyecto de ley convergente. La prórroga es por un año (¿el escenario imaginado es que se venza cuando la gestión ya haya cambiado y estén todos disfrutando sus vacaciones fuera del país?) o por 90 días a partir de la sanción de la “ley corta” en caso de que esta ocurriera.
Se cierran tres años de políticas de comunicación ineficaces para el fortalecimiento de derechos; y muy activas cuando se trata de obturar la libertad de expresión, castigar la diversidad y disciplinar la disidencia. Cada medida no hace otra cosa que confirmarlo.
