¿Hasta dónde se afectan los objetivos y definiciones de lo que debe ser un medio público cuando una empresa multinacional lo utiliza para difundir su postura?
La cuenta oficial de Twitter de Monsanto anunció el lanzamiento del programa televisivo “Locos por el campo”, auspiciado por la empresa. Esto no sería grave si no fuera que dicho programa se anuncia como parte de la grilla de la TV Pública. Monsanto es una empresa productora de agrotóxicos y acusada en todo el mundo de prácticas antiéticas, contaminantes y violentas. Además, el programa está auspiciado por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola.
Una empresa con intereses específicos en un sector estratégico no puede construir imaginarios sobre el campo en un medio público porque estarán dirigidos a sostener esos intereses (individuales y comerciales), y eso lejos está de los intereses ciudadanos. Esto nos llama a reflexionar acerca del rol de los medios públicos y en particular tratar de entender cuál es la época que se está viviendo en esta materia en la Argentina.
Una empresa con intereses específicos en un sector estratégico no puede construir imaginarios sobre el campo en un medio público.
Se supone que un medio público debe ser aquel que tenga contenidos de interés social, cultural y educativo, sin dejar de lado el entretenimiento. En este sentido, carece de sentido la realización de un programa sobre temáticas agropecuarias auspiciado por la empresa de prácticas nocivas y monopólicas. Máxime si al revisar la programación de TV Pública vemos que hay otros dos programas sobre el campo. Uno de ellos (Pampero TV), producido por un organismo público como el INTA es el que debería tener más sentido en la programación de un canal estatal. Un programa agropecuario auspiciado por Monsanto, defenderá sus intereses, que además, son dudosos, como lo evidencian decenas de denuncias e incluso sentencias judiciales como la que prohíbe instalar una planta en Malvinas Argentinas en Córdoba por no haber hecho los estudios de impacto ambiental de sus fumigaciones.
Se supone que un medio público no debe estar influenciado editorialmente por ninguna empresa. El hecho de que una empresa tan sospechada y desprestigiada genere o auspicie programas en un canal estatal, podría ser materia de polémica. Pero no queda casi lugar para la discusión cuando el contenido del programa versa sobre la misma temática en la cual trabaja dicha empresa. No está auspiciando un programa de deportes (lo cual deberíamos discutir también), sino que auspicia un programa que comunicará conceptos sobre producción agrícola, ámbito de operación de la empresa. Esto es ser la voz de la empresa (y no cualquier empresa) a través de una pantalla que debe ser la voz de la ciudadanía o, en última instancia, la del Estado. Esto, asimismo, podría comprometer la línea editorial de otros espacios o periodistas, y la línea ética de pluralidad y diversidad de un medio público.
Monsanto está ocupando un espacio en el canal estatal que debe estar destinado a voces que no cuentan con micrófono.
Se supone que un medio público debe contribuir a la diversidad y pluralidad. Podría pensarse, entonces, que Monsanto, como un actor más de la sociedad, tiene derecho a tener allí su espacio. Pero esto no es así. Primero, porque Monsanto, por su capacidad económica y logística tiene todos los medios para hacer llegar su voz. Monsanto está ocupando entonces un espacio de los pocos que hay en el canal estatal (una programación televisiva no es infinita), que debe estar destinado a voces que no cuentan con micrófono, a temas que no son abordados por los medios comerciales, a objetivos culturales, sociales y educativos. Un programa que sea la voz de Monsanto se riñe con todas estas concepciones. Confundir el espacio de un canal público con un espacio plausible de ser alquilado a empresas concentradas, es gravísimo para los derechos de comunicación, sobre todo el derecho a la información.
De ahora en más, quedará averiguar cuáles son los términos del acuerdo entre el Estado y Monsanto para llevar a cabo este programa, por qué tamices pasó el proyecto antes de llegar a la pantalla (controles, directorio de los medios públicos), y averiguar hasta dónde llega la participación de esta empresa no solo en este espacio (¿auspiciante o productora?) sino en todo el canal que por definición es de la ciudadanía.
Francisco: felicitaciones! Comparto tu análisis. Una flagrante claudicación de la responsabilidad del Estado, de quienes dirigen un medio público y también de los organismos de control.