Milei restringe el derecho a la comunicación y a la cultura.
A poco más de un mes de asumido el gobierno de Javier Milei, las reformas planteadas tienen el carácter general de abruptas, desmesuradas, violentas y sobre todo restrictivas de derechos. La idea esgrimida de la libertad absoluta no solo es imposible, sino que se contradice con lo que en los hechos viene proponiendo el nuevo gobierno de derecha.
Incluso en términos de las propias promesas de campaña, las medidas son la expresión diametralmente opuesta a la libertad: en vez de eliminar impuestos, agregaron; en vez de derrotar la inflación, la multiplicaron con una fuerza como no sucedía desde 1990; en vez de desplazar a la llamada “casta”, la ubicaron en puestos clave del gobierno; en vez de contribuir a la competencia, brindan más facilidades a las empresas concentradas y oligopólicas; en vez de detener la emisión monetaria, la elevaron enormemente.
En todos los ámbitos todas las medidas limitan la libertad. En poco tiempo, las propuestas contenidas en el DNU, en la Ley Ómnibus (la original o la corregida), y en las políticas públicas de hecho, solo proponen sufrimiento a cambio de la fe en un progreso que como la utopía se va alejando cada vez más: primero fue 2025; luego se habló de un período de entre 18 y 24 meses; se dijo que en 15 años tendríamos los primeros resultados, y que habría que esperar 45 años para llegar a ser Irlanda.
En esa idea de la redención en un futuro difuso, en la que el cielo es Irlanda, se plantea entonces dejar de ser Argentina. Desde este punto de vista, también se intenta transformar la cultura y la comunicación, y por ende la identidad.
En lo que concierne al ámbito de la comunicación, se destaca la reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ampliamente debatida. La nueva versión de la Ley Ómnibus plantea la eliminación del Fondo Concursable de Fomento para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y de la Defensoría del Público, pero sin nombrarlos, y escondida dentro de un capítulo dedicado a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que también es afectada por las reformas (como el cine, el teatro, la música y las artes en general con diversos recortes y disoluciones). En el fondo, tienen miedo de que se sepa o se entienda lo que hacen, porque saben que no genera ningún beneficio social. Y le tienen miedo a la ciudadanía informada y activa.
Las reformas, que afectan el derecho a la comunicación y la libertad de expresión y de prensa, tienen además errores técnicos y de redacción:
ARTICULO *. Deroguese los incisos e) y f) del Articulo 97
ARTICULO *. Sustitúyese el inciso b) del artículo 97 de la Ley N° 26.522, por el siguiente texto: e) El veinticinco por ciento (25%) para Rentas Generales;
ARTICULO *.- Deróganse los artículos 19, 20, del Capitulo IV, Titulo II de la ley 26.522
El artículo 97 (de la Ley Audiovisual 26.522, que solo es mencionada luego de derogar algunas de sus partes) es el que establece los destinos de los fondos recaudados por impuestos y gravámenes a los medios de comunicación (no es con la tuya, sino con la de los medios). La inocente eliminación de los incisos e y f, desfinancia la Defensoría del Público y el FOMECA, que ha servido para fortalecer a gran cantidad de medios de comunicación sin fines de lucro en estos años. Las razones las esgrime Silvana Giudici, quien fuera parte del directorio de Enacom, por Twitter:
No hace falta mucho análisis para observar el absurdo del argumento. ¿Qué son “las ONGs de la Ley de Medios”? ¿El pueblo mapuche es kirchnerista? ¿Está mal fortalecer a las organizaciones que menciona? ¿A las Madres de Plaza de Mayo?
Giudici también es quien siempre soñó con la disolución de la Defensoría del Público. La Defensoría del Público es un organismo de vanguardia, único en su tipo en el mundo. En cada vez más países, que el mismo gobierno admira, se trabaja en la defensa de los derechos de las audiencias de medios. En tiempos de fake news, discursos de odio, discriminación o simplemente flexibilización de la profesión de periodista, se hace necesario generar espacios de reclamo para la ciudadanía, y de capacitación e investigación para medios y comunicadores. La Defensoría del Público, con diez años de trayectoria, es un caso observado y admirado internacionalmente, puesto que en los países donde existen defensorías, son compartimentadas, de cada medio, y no un organismo que centralice y por ende pueda analizar, procesar y trabajar integralmente en el escenario nacional respecto de estos derechos. El gobierno lo elimina de un plumazo. Los artículos 19 y 20 que se eliminan son los referidos a la creación del organismo y las obigaciones de la defensora o defensor.
En otro orden de cosas, el gobierno también anunció la suspensión de la publicidad oficial durante un año para cualquier tipo de medio. Por supuesto que esta medida afecta la transparencia y la posibilidad del Estado de difundir políticas públicas y avisos tan básicos para la convivencia social como una campaña de prevención ante una epidemia como la del dengue.
También cerraron la señal abierta de Diputados TV y despidieron a su plantel periodístico. Esto tiene el efecto de oscurecer el debate parlamentario, condición sine qua non para implementar políticas totalmente impopulares. Por otro lado, impusieron un manual de estilo dentro del canal que prohíbe hablar de “todos y todas” (se obliga a usar el masculino como el genérico). También se prohíbe incomodar con preguntas a los diputados. Diametralmente opuesto a la idea de libertad.
Además, ya se anunció que la TV Pública no transmitiría la Copa América ni los Juegos Olímpicos, eventos de interés social, como lo indica la Ley Audiovisual.
Si no podés ver a la selección por la tele, no podés reclamar por tus derechos como audiencia, no podés elegir qué película ni qué obra de teatro ver, ni expresarte musicalmente, ni estar informado para tomar decisiones, además de que ya no podés elegir productos en el supermercado ni te va a alcanzar para tomar un transporte público, vas a tener menos medios para ver y además no te dejan protestar en la calle… ¿de qué libertad nos hablan? Lo que hacen es opuesto a la libertad porque limitan tu capacidad de elección, de movimiento y de acción en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
El odio por el fortalecimiento de derechos es digno de quien desde el poder los lee como una amenaza a sus privilegios (y por eso insisten en su narrativa en llamarlos privilegios y no derechos). Necesitan una ciudadanía desinformada. Lo que se intenta vender como recortes al gasto público, son solo medidas ideológicas y revanchistas: afectan poco y nada la salud del erario público pero tienen un impacto simbólico sobre ámbitos que detestan porque no disfrutan: el arte, el cine, la música. Porque todo lo miden con la vara del dinero; porque todo lo pasan por los criterios del Mercado; porque piensan que todo se puede desde el individualismo. Adicionalmente, afectan la identidad nacional, que incluye ser durante tantos años un ejemplo comunicacional, cultural, deportivo y científico. Es tiempo de que resurja y prevalezca lo colectivo.
