Se vencieron los plazos establecidos por la Resolución 694 para abrir la consulta pública sobre la posible futura ley.
El gobierno está incumpliendo la Resolución 694 que prorroga la prometida legislación convergente para las comunicaciones. El Poder Ejecutivo sigue incumpliendo sus compromisos públicos y oficiales en materia de regulación de las comunicaciones.
La Resolución 694 prorroga por un cuarto período los tiempos para finalizar un Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes. Crearon una comisión de redacción que no pudo hacerlo en 6 meses, y por eso se dieron más de 24.
Esta Resolución dice que prorrogan la confección del Anteproyecto porque necesitan “seguir con las consultas públicas” (en los 6 meses anteriores habían realizado solo dos y a puertas cerradas). https://cpr.org.ar/article/feliz-dia-de-los-inocentes-cuarta-prorroga-para-el/
Ahora, para operativizar la consulta pública, la Resolución 694, de diciembre de 2017, afirma que dentro de los veinte días corridos de publicada la Resolución, se publicará la consulta. Hoy, pasaron 54 días corridos y 32 hábiles y no hay nada publicado.
La última noticia en la sección de la web de ENACOM dedicada a la Comisión de Redacción, es del 14 de diciembre de 2016.
En la plataforma https://consultapublica.argentina.gob.ar/ donde se supone que estará subida la consulta, no aparece. ¿Estarán igual corriendo los 60 días que por Resolución tiene el gobierno para sistematizar y terminar de definir el Anteproyecto?
Es difícil no pensar que siguen pateando la pelota afuera con el tema de la regulación de las comunicaciones, mientras a fuerza de decretos van configurando un escenario a medida de las intenciones del mercado.
Desde marzo de 2017 que vía la Resolución 601, el gobierno admitió ya tener un texto que solo hizo público en diciembre a través del blog personal de un funcionario.
El texto, hecho a imagen y semejanza de la actual norma, no pareciera prosperar. Recomendamos profundizar sobre nuestros seis pedidos de información y nuestro análisis del texto.
Mientras, el gobierno sigue incumpliendo lo que afirma en documentos oficiales como son las Resoluciones, lo cual reviste un problema de gravedad para su legitimidad y para la transparencia.
