Mientras se emite una orden de decomiso de un canal de tv alternativo, el diario La Nación se despacha con una nota, casi como editorial sobre el trabajo en materia de libertad de expresión del Gobierno. El llamado de atención como sociedad impaciente que somos: no sabemos apreciar tal gesto político.
La segunda etapa de la reconversión de la legislación y ejercicio democrático de la comunicación, se trataría de una reeducación cultural sobre comunicación y libertad de expresión mediante diferentes estrategias
Carlos Valientes Noailles, autor de la polémica columna de La Nación, nos invita a considerar que “desde el primer día, la libertad de prensa y de expresión ciudadana han vuelto a ser un valor respetado desde el poder. Enorme intangible en el ejercicio de nuestra vida cotidiana.” Acto seguido avala la actitud del Gobierno para con la ciudadanía declarando que “ha entendido y puesto en práctica una noción elemental que se basa en el respeto ciudadano”
En un mundo paralelo, al día siguiente de la asunción de Mauricio Macri como presidente, vio la luz el primer DNU destinado a modificar la Ley de Ministerios para crear un Ministerio de Comunicaciones. Oscar Aguad, la autoridad de esa cartera, sin medias tintas declaraba que “la ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno”. En medio de las fiestas se intervenía AFSCA mediante otro decreto. El resto de la historia es bien conocida.
La segunda etapa de la reconversión de la legislación y ejercicio democrático de la comunicación, se trataría de una reeducación cultural sobre comunicación y libertad de expresión mediante diferentes estrategias:
1) El 22 de abril pasado una periodista es detenida en La Pampa por fotografiar un “cacheo” de dos mujeres junto a sus dos niños bajo el argumento de “violar la ley”. Los policías le pidieron el celular con el que había tomado las fotos con el argumento de que “desde diciembre está prohibido tomar imágenes en los operativos”, en evidente referencia al Protocolo de actuación policial redactado por el Ministerio de Seguridad.
2) En los últimos días se conoció el fallo que afecta a la revista satírica Barcelona tras el amparo presentado por Cecilia Pando en 2010. Se resuelve que “el ejercicio de derecho de expresión de ideas u opiniones no pueden extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral, el honor y la intimidad de las personas”. En resumen, se obliga a un resarcimiento económico a Pando por parte de Barcelona.
3) En septiembre de 2015 Antena Negra había sido sobreseída del delito de interferencias e interrupción de comunicaciones tras haber sido denunciada por Prosegur. Se convirtió en un antecedente positivo para el ejercicio de libertad de expresión. Sin embargo, el 9 de mayo último se emitió la orden de allanamiento y decomiso de equipos que tiene lugar tras un nuevo fallo tras el sobreseimiento. “Antena Negra no tiene licencia porque el Estado retacea las licencias para los medios comunitarios. Esta licencia está reservada para uso de televisión abierta y no para uso comercial y privado” denunció María del Carmen Verdú, abogada de la Señal, frente al nuevo panorama. A pesar de que las últimas novedades informan que se levantó la medida de allanamiento pero sigue vigente la de secuestro de equipos.
Desde la plena conciencia de que este tipo de situaciones no son originales de este Gobierno, es preocupante que su línea política no haya decidido fortalecer los derechos elementales como la comunicación y la libertad de expresión, sino que trabaje en sentido contrario, tras el argumento de la necesidad del orden administrativo y la transparencia constitucional.
La ponderación de ciertos derechos constitucionales por delante de otros declarados esenciales sin contemplar integralmente el riesgo de sentar tales precedentes no nos encaminan a una república democrática. Además tales antecedentes, en particular lo ocurrido con la revista Barcelona, colocan como argumento un criterio retrógrado y peligroso.
