La Jefatura de Gabinete publicó una carta abierta para señalar la posición del gobierno en torno a libertad de expresión y medios de comunicación.
Primero, debemos destacar la intención de elaborar y publicar este tipo de documentos. Según el texto, el gobierno comenzó “un proceso de construcción de instituciones públicas relacionadas con la libertad de expresión” basado en cinco puntos prioritarios.
Relación con la prensa
Uno de ellos es el inicio de un clima de debate abierto, que incluye “un gobierno dispuesto a escuchar y a sumar los aportes de quienes piensan distinto”. Esto es realmente muy subjetivo, a juzgar por los pocos espacios que existen para la disidencia, y muchas maniobras para condicionar. Lo más cercano a esto es las veces que el gobierno tuvo que retrotraer medidas porque generaron desconetento social: esto no es escuchar y acatar la disidencia, sino deshacer incendios que generaron medidas totalmente impopulares, y marketinear el error o el “si pasa, pasa” como virtudes cuando no lo son.
No podemos dejar de mencionar las detenciones de comunicadores alternativos, o de ciudadanos/as comunes que estuvieran registrando o transmitiendo por redes sociales protestas y abusos policiales de todo tipo. En ningún país que se dice respetuoso de la libertad de expresión y protector del periodismo, se detiene personas a las que se les arma causas sin pruebas, solo por el hecho de filmar la violencia policial o transmitir una marcha. El caso de los comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos, incomunicados durante cuatro días por filmar y hoy procesados y embargados; o el de Oscar Delgado, comunicador jujeño que debió pasar navidad tras las rejas por cubrir una manifestación, entre otros casos, nos hacen dudar del discurso de la Jefatura de Gobierno.
Esto no es escuchar y acatar la disidencia, sino deshacer incendios que generaron medidas totalmente impopulares, y marketinear el error o el “si pasa, pasa” como virtudes cuando no lo son.
Califican la relación de la prensa con un “espíritu de argumentación y buena fe”. También reconocen “que en ocasiones discrepamos con la cobertura de algún episodio”, pero que eso es deseable: que el periodismo condescendiente no es buen periodismo. Impactan estas palabras por su lejanía absoluta con la realidad: el actual gobierno se protege con periodismo condescendiente.
Publicidad oficial
Según el diagnóstico del gobierno, la publicidad oficial era muy alta y poco federal, cosas que estarían corrigiendo. Afirman que la baja la están haciendo gradualmente para que los medios alcancen a adaptarse. Pero luego señalan que bajaron a la mitad el presupuesto de publicidad en 2016, respecto del año anterior. Eso no es una baja gradual.
También dicen que otro compromiso era establecer “criterios objetivos” para eliminar la arbitrariedad. Pues bien, seguimos sin ley de publicidad oficial, a pesar de todo lo declamado. Lo que se ha establecido es el Registro de Proveedores de Publicidad Oficial RENAPPO. Entre los criterios objetivos que señalan que ahora existen para la distribución de publicidad oficial, figuran el alcance del medio, la pertinencia del mensaje, la zona geográfica y el federalismo y pluraridad de voces. Este último punto equivoca el rumbo al poner como parte de un mismo criterio de asignación cosas tan disímiles como pensar en medios comunitarios o indígenas, y ser equitativo a nivel territorial. Esta fue una de las modificaciones que se intentó hacer a la media sanción para una Ley Nacional de Publicidad Oficial que aguarda en Diputados hace mucho tiempo. Si hubiera real voluntad de establecer reglas claras en esta materia, se hubiera impulsado la ley cuando se redactó.
Además, el gobierno no se hace cargo de su rol como anunciante sostenedor de un sistema diverso de medios, y descarga la culpa en las empresas mediáticas que no supieron adaptarse: “Algunos de estos medios se habían vuelto dependientes de la publicidad oficial y sus dueños quizás no se esforzaron lo suficiente para adaptarlos a las nuevas reglas de juego”. La ética protestante y a lógica evolucionista de adaptación. Si han cerrado medios, no es responsabilidad del Estado. Tampoco le interesa la pérdida de fuentes de trabajo ni el desequilibrio entre actores grandes y chicos de la comunicación. Un Estado Pilatos que deposita su fe zen en los movimientos del Mercado como si se tratara de una segunda naturaleza a la que contemplar con resignación y estoicismo.
Lo que promete el gobierno para el futuro es reducir la pauta, elevar la transparencia y que los criterios estén en una ley.
Acceso a la información
Para fortalecer el derecho, el gobierno dice que sancionó una Ley Nacional de Acceso a la Información. En este punto tenemos que mencionar los seis pedidos sin éxito que hicimos sobre el Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes. Varios de esos pedidos se hicieron en períodos donde ya regía la ley. Hay que señalar también que si bien la mayoría fueron respondidos, responder no es suficiente: la información debe ser la que se pidió, pertinente, adecuada, legible, accesible. Lo que nos respondieron fueron evasivas, dilaciones e información que no tenía nada que ver con el pedido.
Un Estado Pilatos que deposita su fe zen en los movimientos del Mercado como si se tratara de una segunda naturaleza a la que contemplar con resignación y estoicismo.
Otras de las medidas mencionadas por el gobierno es la restauración de las estadísticas públicas, en un señalamiento muy subjetivo de lo que es la confianza en ellas. Y la otra es ser un gobierno que rinde cuentas, porque escuchan a los otros Poderes y le contestan. Es cierto, Marcos Peña va al Congreso y hace su informe de gestión contestando preguntas de las bancadas, pero contestar no significa contestar bien. Y es habitual la estrategia de mostrarse abiertos pero no brindar la información ni las explicaciones que se piden. El creciente descontento social así lo prueba.
Convergencia tecnológica
El gran caballito de batalla (y de Troya) de este gobierno: entender a las comunicaciones como un elemento dinamizador del mercado y no como un derecho, que se traduce en poner énfasis en las telecomunicaciones, en la inversión y en los negocios cruzados. La convergencia como mesías; como zanahoria.
La excusa de la convergencia es abordada una vez más desde la tentadora promesa de bajar precios y mejorar calidad en el uso cotidiano de Internet, telefonía celular, televisión. Pero se trata de una nueva forma de fe en el mercado: darle flexibilidades al mercado con la fantasía de que eso mejorará la vida de las personas. Y la historia dice que si el mercado no tiene límites, juega para sí mismo.
Allí dice que el gobierno se planteó generar una legislación que respondiera a los nuevos tiempos y que garantizara la libertad de prensa. Este “marco normativo integral” ya lleva oculto más de un año, y la situación de hecho se ha modificado a fuerza de decretos. No hay una intención clara de tender hacia un marco normativo superador y mucho menos entender los nuevos tiempos desde lo normativo, a la luz de lo que vienen tardando para proponer una norma nueva.
El gran caballito de batalla (y de Troya) de este gobierno: entender a las comunicaciones como un elemento dinamizador del mercado y no como un derecho.
Sobre medios comunitarios (recordemos que estamos en el ítem “convergencia tecnológica”), dice:
“Desde el Enacom se avanzó en la regularización de los medios comunitarios, privados y sin fines de lucro que aguardaban desde hacía tiempo una respuesta de la AFSCA. A pesar de haber impulsado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de 2009, las autoridades que habían estado al frente de la AFSCA habían avanzado poco en varios de los compromisos establecidos por la ley. Algunos de ellos eran la regularización del espectro y la adjudicación de licencias de servicios de comunicación audiovisual”.
“En estos dos años se otorgaron 16 licencias de radiodifusión a comunidades de pueblos originarios y 139 adjudicaciones a medios comunitarios y sin fines de lucro. Se concedieron, además, 352 licencias a Pequeños y Medianos Radiodifusores de todo el país y 1032 licencias TIC.”
Menciona que están pensando en modificar el escenario no solo a través de reformas puntuales, sino que por eso crearon una comisión de redacción para una nueva ley que se preocupó por 5 ejes, uno de ellos específicamente sobre medios comunitarios:
- Facilitar el acceso de todas las personas a los medios de comunicación y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Garantizar la neutralidad, la apertura y la competitividad de las redes para llevar conectividad a todo el país.
- Garantizar la pluralidad y diversidad de los contenidos audiovisuales y en los medios públicos.
- Proteger y fomentar la pluralidad y diversidad de voces a través de frecuencias de espectro radioeléctrico reservadas para medios comunitarios o sin fines de lucro.
- Mejorar la calidad de los servicios de internet y telefonía.”
También señala que muchas organizaciones y sectores participaron de la elaboración del anteproyecto. Se refiere a las reuniones participativas donde se llevaban sugerencias y a una plataforma web que permitía opinar en 300 caracteres, además de 5 actividades abiertas. En ningún momento se supo cómo eran integrados esos aportes al texto. A priori parecería solo legitimar una amplitud que no está anclada en lo concreto con sugerencias identificables convertidas en texto visible del anteproyecto.
Llama la atención sobremanera que la carta diga que entre los pendientes que “encontraron” estaba la entrega de fondos por FOMECA a medios comunitarios, cuando el Programa estuvo congelado casi un año, y se redujeron notablemente las líneas y convocatorias, además de que aún se adeudan pagos de proyectos aprobados, producto de ese congelamiento del Programa:
Luego dice: “A través de este fondo, el Gobierno brinda apoyo al trabajo que realizan estos medios. Desde la llegada de la nueva gestión, el FOMECA se administra a través de un comité evaluador que garantiza la independencia en la entrega de los subsidios de la línea editorial de los medios.”
No es cierto que es el gobierno el que brinda apoyo: es el Estado que ejecuta un derecho. Y es cierto que el comité evaluador garantiza la independencia, pero lo presentan como si esto fuera una innovación, cuando siempre fue así.
Además, nos mencionan como uno de los ejemplos de organizaciones a los que adjudicaron fondos. La estrategia es simple; hay que prestar atención a las palabras clave que sirven para demostrar amplitud: mapuches, liberación, popular, igualdad, socialismo:
“En 2017 se entregaron cerca de 55 millones de pesos en subsidios para actualización tecnológica, proyectos de mejoras de gestión y de producción de contenidos de radios, canales y productoras de medios comunitarios. Algunos de los medios beneficiados son la Comunidad Mapuche Lof Che Buenuleo, la Asociación Civil Movimiento Territorial Liberación MTL10, la Asociación Civil El Hormiguero por la Igualdad, Dignidad y Libertad, el Instituto de Cultura Popular y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo”.
También tenemos que mencionar que el proyecto que se nos adjudicó es por 140mil pesos. Al mencionar 55 millones y solo 5 organizaciones sin aclarar la cantidad de medios beneficiados por el FOMECA, el efecto erróneo es pensar que se trata de pocos subsidios millonarios.
Asimismo, nuestro proyecto surge del fondo de 2016, y fue depositado en 2018. Nada tenemos que ver con lo entregado durante 2017 como lo señalan. Por otra parte, según información brindada por el mismo ENACOM, el fondo FOMECA para 2016 ascendía a más de 126 millones de pesos. Aquí tenemos varios problemas: si estos 55 millones son los referidos a 2016 (podríamos pensar así ya que nos menciona y nuestro proyecto es de 2016), faltan 71 millones que no han sido adjudicados. Si el fondo, en cambio, es de 2017, se ha reducido casi a un tercio respecto del de 2016, y ha subido solo un 25% respecto de los 44 millones disponibles en 2015, con dos años de inflación mediante.
Medios públicos
Positiva la posición declamada sobre medios públicos en cuanto a que no sean medios de propaganda de gobierno, a asumir riesgos editoriales, artísticos y tecnológicos, y a salirse del objetivo por el cual se fundaron de educar, informar y entretener, ya que hoy hay “receptores más activos, que demandan más participación”. Ahora las premisas de los medios públicos serán “comprender, participar e irradiar”. Ahora bien, preocupa la intención mencionada de utilizar menos fondos estatales para el sostenimiento del medio, y que a eso lo llamen “ingresos genuinos”, máxime a la luz de los reclamos de sus trabajadores por las malas condiciones de trabajo, la falta de paritarias, el vaciamiento, la pérdida de puestos de trabajo o las reducciones de la jornada y, medidas complejas como la eliminación del noticiero de la TV Pública los fines de semana.
El fondo FOMECA para 2016 ascendía a más de 126 millones de pesos. Si los 55 millones repartidos son los referidos a 2016 faltan 71 millones que no han sido adjudicados.
Concluyendo
Una vez más asistimos a declamaciones discursivas políticamente correctas, que han eje en ordenar aunque eso vaya en detrimento de derechos ciudadanos y no tenga relación con la realidad. En estos dos años los fondos de fomento han funcionado mal, existe opacidad sobre la recaudación, la distribución de la publicidad oficial no ha mejorado, el derecho al acceso a la información no ha existido en la práctica y el trabajo de periodistas y comunicadore/as se ha visto dificultado con episodios de ahogo económico, amedrentamientos, detenciones, judicializaciones y violencia que no podemos soslayar tras algunas frases políticamente correctas.
