El diálogo del gobierno, una vez más, se restringe a interlocutores específicos y a espaldas de la sociedad. Esta vez se trata de un acuerdo que empezó a tomar forma en marzo último, con una consultora estadounidense para asesorar sobre la ley de convergencia de comunicaciones.
A partir de la nota publicada en Página 12 por Fernando Krakowiak se hace público otro de los acuerdos del Gobierno con una empresa foránea que afecta el derecho a la comunicación como fue el caso de Facebook y la administración de información pública.
- El primer llamado de atención se trata de la transparencia de los vínculos de funcionarios públicos con McKinsey y la falta de licitación pública para encargar una tarea de tal importancia. Krakowiak menciona como principal responsable de este convenio a Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, ex miembro de la consultora. Por otro lado, los nombres del equipo asesor están vinculados a corporaciones internacionales de las comunicaciones, como Telefónica. ¿Atenderán a las desigualdades demográficas, socioeconómicas y culturales del país a la hora de hacer sus recomendaciones? Por último, la firma viene trabajando hace tiempo en asesorar los rumbos políticos del partido del Presidente.
- Desde mediados de abril funciona una comisión en ENaCom para la redacción de una nueva ley de comunicaciones convergentes, que en teoría busca complementar lo mejor de la LSCA y Argentina Digital. Según su reglamento, el modo de funcionamiento contempla reuniones con sectores interesados y especialistas en materia de comunicación y telecomunicaciones, actividades de participación pública: audiencias, debates académicos, eventos especiales y seminarios. En ningún momento se hace referencia a la colaboración de una consultora extranjera especialista en TIC para tal proyecto, dejando en evidencia la parcialización de la información que se brinda a la sociedad sobre los modos de trabajar y los horizontes para las políticas públicas desde el Gobierno.
- El gobierno consigue un descuento generoso por parte de la consultora interesada en el progreso de nuestro país. Vale preguntarse el motivo de tal interés o por lo menos dudar de las buenas intenciones y la celeridad en la concreción del convenio.
Es preocupante que el gobierno trabaje aquellos aspectos que ha reconocido en varias oportunidades como los más relevantes de la comunicación en tales condiciones de confidencialidad
La salida a la luz de este convenio subraya la ya conocida lectura oficialista sobre el derecho a la comunicación como un tema preeminentemente de mercado, donde la prioridad es la regulación de las nuevas tecnologías, la innovación y la apertura “del sector” a la competencia internacional. Es necesario una vez más recordar que si bien esos son aspectos a trabajar ineludibles para lograr un buen marco para el derecho a la comunicación, la comunicación no es sólo mercado, propiedad y equipamiento de última generación.
Es preocupante que el gobierno trabaje aquellos aspectos que ha reconocido en varias oportunidades como los más relevantes de la comunicación en tales condiciones de confidencialidad y más aún con colaboradores extranjeros sin conocimiento de la sociedad.
