Se encuentra en debate parlamentario un proyecto de blanqueo de capitales y pago de sentencias judiciales enviados por el Poder Ejecutivo en cabeza de su presidente Mauricio Macri. El texto presenta en su artículo 85, un elemento peligroso y nocivo para los derechos y garantías constitucionales.
El proyecto oficial, por un lado penaliza –según lo dispone el Artículo 157 del Código Penal- con prisión de un mes a dos años a aquel “tercero” (periodistas y comunicadores) que divulguen datos de los sujetos beneficiados con el blanqueo
Así las cosas, el último párrafo del artículo al que hacemos referencia expresa: Los magistrados, funcionarios judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los declarantes del Título I del Libro II de la presente y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal. Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado.
El proyecto oficial, por un lado penaliza –según lo dispone el Artículo 157 del Código Penal- con prisión de un mes a dos años a aquel “tercero” (periodistas y comunicadores) que divulguen datos de los sujetos beneficiados con el blanqueo. Por otro lado, compele a pagar una multa “igual al valor de los bienes exteriorizados”; atentando así, de manera abierta contra el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa manifiestos tácitamente en la norma fundamental: la Constitución Nacional.
Quedan expuestos, por el artículo 85 del texto presentado, periodistas pero también todas aquellas personas y entidades dedicadas a investigar y monitorear el movimiento de capitales por evasión, dañando severamente la libertad de acceso a la información, de expresión y el derecho a la comunicación.
Distintos partidos políticos, legisladores y personalidades se han manifestado en contra de este proyecto, incluso ya se puso en conocimiento al Relator de la Libertad de Expresión de la CIDH Edison Lanza. Desde el macrismo se justificaron declarando que hay secretos que no deben ser develados ni siquiera por funcionarios públicos ni periodistas (dichos del diputado Pablo Tonelli por Radio Belgrano).
