La Resolución 2064-E/2017 designa a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización como la encargada de multas, secuestros, decomisos y cierres.
El ENACOM emitió una Resolución que otorga a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización del organismo “La facultad de disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario.”
La Resolución, bajo el número 2064-E/2017, tiene fecha del 31 de marzo. Sin embargo es publicada hoy 6 de abril, día de paro nacional. El texto otorga a la mencionada Dirección la posibilidad de decomisar equipos y hasta clausurar emisoras no autorizadas o en infracción, junto con el Poder Judicial y la fuerza pública. Si bien esto es algo que ya el Estado podía hacer, resulta peligroso para el amplio campo de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, pues muchas de sus emisoras sufren de una precariedad jurídica que les impide desarrollarse con tranquilidad. La sola posibilidad de castigar el derecho de antena como esta Resolución lo reafirma, pone en alerta a todos los derechos de comunicación.
Sería deseable, en este sentido, que la expresión “no autorizadas” no esté dejando afuera a aquellas emisoras que no tienen licencia, pero que sí tienen reconocimiento o están empadronadas. Resulta elocuente que a pesar de que existen esas formas diversas de reconocimiento —posteriores a la sanción de la Ley 26.522—, no se las mencione exhaustivamente en la Resolución.
Asimismo, siempre hay que señalar que si existen medios comunitarios ilegales, es porque el Estado no ha sido capaz de brindarles la legalidad que les corresponde, ni de cumplir con esa misma legalidad que hoy se enarbola como excusa para dar paso a posibles decomisos, multas y cierres. Es que el Estado sigue sin comprender el verdadero rol social de estos medios. O lo comprende y les teme.
Que en el año 2017 la Administración Pública sea ágil para emitir reglas que sigan generando las condiciones potenciales para castigar la comunicación, en vez de generar las condiciones para que esa comunicación se desarrolle plenamente, habla claramente del enfoque que se tiene respecto de estos temas, y que los actores pequeños son una molestia para un sector que ya se quiere definir solo como un mercado. La Resolución muestra que ENACOM está más preocupado por agilizar mecanismos restrictivos que por evitarlos otorgando derechos.
Esperamos que La Dirección Nacional de Control y Fiscalización nunca deba usar estas facultades que hoy se le otorgan, y que de una vez por todas se le brinde reconocimiento a las diversas experiencias de medios sociales que han hecho que el sistema de medios en la Argentina fuera un poco más democrático que lo que el poder querría.
