El informe “Estado del Estado” hecho público por el Gobierno el pasado viernes 3 de junio resume en un solo gesto desde dónde lee los horizontes y perspectivas de trabajo gubernamental: “El Estado abandonó su principal obligación de mantener competitivo el mercado”, reza una de las conclusiones que engordan el informe.
Si el Estado reconoce de tal manera a medios que han trabajado duro durante décadas para salir de la etiqueta de “truchas” otra vez se pone en riesgo su sobrevivencia y continuidad
Como era de esperar, a partir de las muestras que estuvo dando el Gobierno de Cambiemos en materia de comunicación los últimos meses, el foco está nítidamente puesto en la innovación y las mejoras tecnológicas para una mejor telecomunicación y habilitación de la competencia a nuevos actores internacionales. Se reconoce la falta de eficacia de la desaparecida AFSCA sin lugar a dudas en cuanto a la aplicación de la LSCA. Sin embargo no se establece ningún tipo de análisis ni contemplación de la situación en la que quedan los actores sociales afectados por tal ineptitud. Se menciona sin mayores detalles la existencia de 5 mil radios ilegales, paradigma que parecía saldado hace ya muchos años.
Si el Estado reconoce de tal manera a medios que han trabajado duro durante décadas para salir de la etiqueta de “truchas”, “piratas” o “ilegales” y conseguir otra visibilidad más acorde a su real devenir histórico a pesar de la poca o nula voluntad estatal en algunos casos, para colaborar y regularizar su situación, otra vez se pone en riesgo su sobrevivencia y continuidad.
Mucho ya se dijo de los medios, que otra vez desde el Estado son categorizados como ilegales, que permanecieron y permanecen en la precariedad legal y técnica, hicieron aquello que estaba a su alcance para ser contemplados en su pleno derecho por la Ley. Que esa situación no fue gratuita ni festejada, sino que el Estado propició y mantuvo tales condiciones de inestabilidad y concentración afectando de manera directa el derecho a la comunicación y la libertad de expresión. No sólo de quienes sostienen los medios sino de aquellas comunidades que las tienen como referencia regional, y en muchos casos, como única posibilidad de hacer oír sus demandas.
La dirección gubernamental viene favoreciendo la concentración, la disputa hegemónica y comercial del derecho a la palabra y la integración global desde la lógica dominante occidental de mercado que poco tiene que ver con las realidades socioculturales e históricas de muchos sectores sociales de nuestro país. Sobre las posibilidades de ellos de ser contenidos en políticas de igualdad e integración, nada concreto aún se ha dicho.
