El Ministerio de Comunicaciones nos confirmó que hay una propuesta de la consultora estadounidense McKinsey.
Hace unos días trascendió por una serie de artículos de Fernando Krakowiak en Página 12, que el gobierno argentino iba a contratar a la empresa estadounidense McKinsey para que lo asesorara en la elaboración de una ley de telecomunicaciones. Sin meternos a analizar los contenidos de esa asesoría, de los cuales tenemos legítimas dudas, esto es escandaloso por la injerencia directa del sector privado sobre las políticas públicas, por la injerencia de una empresa extranjera sobre la soberanía nacional y por el costo que le demanda al Estado (según Krakowiak, unos 12,5 millones de pesos).
Ante esto, en el Centro de Producciones Radiofónicas decidimos hacer un pedido de información, amparándonos en el decreto 1172/03, pero sobre todo en la declarada intención de este gobierno de contribuir a la transparencia y al fortalecimiento de un derecho ciudadano como lo es el del acceso a la información pública.
Pedimos información sobre la existencia o no de una propuesta concreta de asesoramiento, los términos de ese acuerdo, y toda la información relacionada a las comunicaciones con la empresa McKinsey en materia de consultoría por una normativa en telecomunicaciones. El 24 de mayo hicimos el pedido al Ministerio de Comunicaciones, al ENaCom, a la Jefatura de Gabinete y a la Subsecretaría de Coordinación Interministerial.
Solo nos contestó el Ministerio de Comunicaciones. La respuesta, firmada por Juan Manuel Mocoroa, Director General de Asuntos Jurídicos, es contradictoria. Dice que no tienen ninguna “información referida a una supuesta propuesta de colaboración presentada por la consultora estadounidense McKinsey en marzo”. Pero nos dicen que Arsat, dependiente del Ministerio, “tiene a consideración de su Directorio una propuesta de contratación para la realización de un Plan Estratégico de Negocios por parte de la Consultora McKinsey & Company”. Seguiremos investigando, pero con esta respuesta podemos sacar al menos dos conclusiones: si bien no se dice nada respecto de una nueva legislación, está confirmado que hay comunicaciones y una propuesta de trabajo conjunto entre la empresa y el gobierno; y que el derecho al acceso a la información aún no funciona de la forma activa, clara y transparente que recomiendan los estándares internacionales.
