Ceppas GT y ARG rechazan públicamente la medida represiva en defensa de los pobladores y los bienes de la naturaleza
Guatemala ha sido declarada en Estado de sitio. Cuatro de sus municipios están afectados por la sanción desde el 1° de mayo. A partir de entonces se están produciendo persecuciones penales sobre los pobladores, bajo la justificación de sabotaje a megaproyectos mineros de oro a cielo abierto y plata.
Las razones del Estado para tal decisión en las zonas que mayor resistencia han generado a megaproyectos mineros, fueron los “…hechos graves de sabotaje afectando la actividad productiva de personas individuales y jurídicas…”. Los municipios comprometidos son Jalapa, Mataquescuintla, Casillas y San Rafael las Flores, pertenecientes a los departamentos de Jalapa y Santa Rosa respectivamente.
Es obligación del Congreso de la República haber conocido en tres días el Estado de sitio y ratificarlo, lo cual aún no se realizó. Se convierte así en su obligación desconocer esta medida, que refleja la violencia estructural que el Estado esta ejerciendo en contra de los movimientos sociales, la defensa de los bienes de la naturaleza y los pueblos originarios, en especial la comunidad XINCA.
El Gobierno manifiesta una vez más su tendencia de apoyar a empresas con intereses espurios, sobre los bienes de la naturaleza propiedad de todas y todos los ciudadanos del país. Atenta directamente contra territorios de la comunidad Xinca, pueblo originario que históricamente ha sido excluído, de derechos económicos y sociales fundamentales para su desarrollo.
Se sobrepasa el estado de derecho para desarticular movimientos sociales que, en la búsqueda de demandas justas, han desarrollado manifestaciones y resistencias pacíficas. Es escandalosa la parcialización del poder punitivo, en detrimento de la solución de conflictos históricos que atentan contra el desarrollo integral del pueblo Xinca. En este marco, una persecución penal sin límites está en proceso en contra de pobladores así como de líderes de las comunidades xincas.
El argumento del Gobierno ha sido que: “se ha desapoderado violentamente de material explosivo para uso particular, se ha atentado violentamente contra la autoridad militar y civil y se ha reducido la movilidad de los ciudadanos bloqueando las carreteras de acceso a dichos municipios (…) en base a la defensa de un derecho como lo es la propiedad privada, contradiciendo así con los fines de dar seguridad y dignidad a las personas.” Una expresión de desafío histórico, muy propio del Estado y de gobiernos militares hacia la población civil y organizada con justas reivindicaciones, para el desarrollo democrático integral y no solamente formal.
CEPPAS Guatemala rechaza los motivos que llevaron a la declaración del Estado de Sitio y recuerda al Poder Ejecutivo que las garantías judiciales, herramientas indispensables para la protección de los derechos humanos, no pueden ser suspendidas durante el estado de excepción.
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