El abordaje violento como política de Estado

Desde el año 2015 se ha tomado la decisión de afrontar los conflictos (pre-existentes o producto de las nuevas políticas) con una lógica que resulta sumamente peligrosa para la convivencia, para un tejido social sano y para los derechos humanos.

Son tiempos violentos, ya lo sabemos. La cuestión es mas preocupante dado que no vemos un horizonte muy alentador. Desde el año 2015 se ha tomado la decisión de afrontar los conflictos (pre-existentes o producto de las nuevas políticas) con una lógica que resulta sumamente peligrosa para la convivencia, para un tejido social sano y para los derechos humanos. Como ya hemos dicho en otra ocasión, en argentina hay personas muertas por protestar.

Al hablar de violencia, ponemos el foco en primer lugar en las políticas de seguridad que ha aplicado el gobierno de Mauricio Macri, ejecutadas por uno de los cuadros con mayor valor simbólico/electoral dentro de la alianza Cambiemos, la ministra Patricia Bullrich. Desde el año 2015, el ministerio de seguridad se convirtió en un bastión que representa la construcción de adhesiones a partir de una propuesta punitivista y de incremento de la violencia estatal. Todo esto apoyado en la doctrina de las nuevas amenazas, en donde ya no existen hipótesis de conflicto con estados o países que pueden poner en peligro la soberanía y la seguridad nacional. Según esta lógica, el Estado corre peligro entonces por un enemigo que se encuentra en el interior del territorio nacional: en concreto, se apunta al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado. Este abordaje violento encuentra su cauce en la construcción de un enemigo interno por parte del Estado Nacional, como la justificación para la aplicación de estas políticas. La estigmatización y la criminalización no solo funcionan como excusas para el uso de la violencia física, sino que produce una polarización social, o mejor dicho, una marginación que se nutre del miedo.

Los dos casos paradigmáticos que resultan del abordaje violento de los conflictos y de la lógica del enemigo interno tuvieron lugar en los meses de septiembre y noviembre del año 2017. En primer lugar, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, ocurrida en un contexto de represión y de persecución (ilegal) en la Pu Lof en Resistencia Cushamen. El cuerpo estuvo desaparecido por 78 días, y fue hallado corriente arriba en el Rio Chubut, en una zona que ya había sido rastrillada. El segundo caso, ocurrido tan solo dos meses después, corresponde al asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel, durante una persecución (mas parecida a una caza) justificada con un enfrentamiento armado, según las voces oficiales. Ambos casos tuvieron como protagonistas a fuerzas de seguridad federales que responden a Patricia Bullrich: Gendarmería Nacional y Prefectura Naval respectivamente. Entendemos este como un abordaje violento, en tanto ambos casos se enmarcan en un conflicto pre-existente entre la comunidad Mapuche, empresas privadas (Benetton, PanAmerican Energy, Turner Enterprises, Shell, Tavistock Group, entre otros) y el Estado Argentino. El derrotero que comenzó en el año 2015, con el cambio de gobierno nacional incluyó tareas de inteligencia ilegales a miembros de organizaciones Mapuches, agravamiento de las causas judiciales existentes derivadas del fuero civil al fuero penal, intimidaciones a miembros de las comunidades para declarar en contra de lideres y represión con armas de fuego entre otros, teniendo como consecuencia o como hechos mas trágicos las dos muertes anteriormente nombradas.

A lo largo de estos años, y especialmente en el año 2017, se construyó una narrativa que ubicaba al pueblo Mapuche en el lugar de enemigos de la patria que pretendían afectar el orden republicano de nuestro país. En este sentido, podemos identificar tres aristas que se retroalimentan con el objetivo de establecer un sentido dominante respecto de la cuestión Mapuche.

En primer lugar, las voces oficiales del Estado Nacional desde los funcionarios hasta los comunicados de los ministerios. A finales del año 2017, el Ministerio de Seguridad emitía un informe denominado “R.A.M.” en donde se recopila información y fotografías que darían cuenta de la existencia de un grupo extremista Mapuche llamado “Resistencia Ancestral Mapuche”, responsable de ataques y amenazas y con vinculaciones con grupos como las FARC colombianas o grupos anarquistas. Desde el CPR ya nos hemos expresado sobre este informe: abundan las generalidades y las descontextualizaciones con el objetivo de estigmatizar y criminalizar. Es tal la falta de rigurosidad, que se muestran herramientas de trabajo (martillos y serruchos) y se presentan como armas secuestradas en allanamientos. Otro elemento que vacía de seriedad el informe es el hecho de que las siglas R.A.M. aparecen unicamente en fotos de panfletos: dicha sigla no se hace presente en las fotos de Mapuches manifestándose con banderas o pasacalles. Dejamos los comentarios de lado respecto de la pésima redacción del informe. La gravedad del informe R.A.M. radica en la decisión política de un gobierno de vincular una disputa territorial que existe hace mas de cien años a un extremismo amenazante de la seguridad interior: no hace falta aclarar que la estigmatización es violencia simbólica.

En segundo lugar, entendemos que un escenario de concentración de audiencias¹ es propenso a la difusión e instalación de las narrativas necesarias para justificar los abordajes violentos de este tipo de conflictos. En este sentido, son innegables también las decisiones editoriales de los grandes medios en Argentina que son las que en definitiva hacen efectiva la circulación de este tipo de narrativas y de allanar el terreno en materia de verosimilitud.

Por ultimo, los medios o plataformas digitales poseen una dinámica de circulación info-comunicacional que permiten establecer esta lógica del enemigo interno en relación con el pueblo Mapuche, no solamente replicando las voces oficiales o de los grandes medios y sus periodistas, sino también aprovechando los flujos que caracterizan esta época de hiper-comunicación, en donde las noticias y las informaciones falsas encuentran su lugar en la agenda. Recordemos la noticia del enfrentamiento entre Santiago Maldonado y un puestero apuñalado de la estancia de Benetton, por ejemplo, o aquel matrimonio piadoso que dijo haber levantado al joven artesano en la ruta. De cualquier manera, también entendemos que las plataformas digitales son uno de los territorios que permiten el flujo de algunas contra-narrativas o contra-discursos, y que pueden constituirse como canales alternativos de comunicación e información. Uno de los discursos falsos que mas ha calado en la sociedad (y que incluso podemos decir que ayudó a ganar una elección legislativa en la Ciudad de Buenos Aires) fue aquella respuesta de la diputada Elisa Carrió sobre la desaparición del artesano en donde, con una precisión quirúrgica sostuvo que: “Hay 20% de posibilidades de que esté en Chile con el RIM”. Aquí, vemos las tres aristas que mencionamos, actuando en conjunto: voces oficiales que son replicadas por medios concentrados y distribuidos por plataformas digitales. A esta altura, es inevitable mencionar que el posible origen de esta información falsa (y de muchas otras en relación con el caso Mapuche) se desprende de la Operación Huracan² llevada a cabo por Carabineros de Chile, con el objetivo de incriminar dirigentes mapuches en el país transandino. Brevemente, estamos hablando de una operación de inteligencia por parte de la policía militarizada de Chile, en donde mediante un software (inexistente) denominado “Antorcha” podían interceptarse chats de WhatsApp para obtener información y proceder con las acusaciones. Esta operación estaba complementada con un acuerdo de cooperación de inteligencia entre Carabineros y Gendarmería, por lo que la supuesta información obtenida llegaba directamente a Patricia Bullrich.

En estos cuatro años, esta lógica del enemigo interno, que tuvo como principal victima al pueblo Mapuche, también tuvo efectos vinculados a la cercenación y al ataque a la libertad de expresión. Como ya se ha dicho, el año 2017 estuvo atravesado por las manifestaciones y parte de la ciudadanía ocupando la vía pública, alzando la voz por Santiago Maldonado, principalmente, y por Rafael Nahuel en menor medida. Estas manifestaciones fueron escenario de violentas represiones y detenciones a comunicadores de medios alternativos y comunitarios. En este sentido, hemos sido testigos de una espiral creciente de violencia en donde, al menos para nosotros, no está claro si hubo presencia de infiltrados. Por otro lado, el Ministerio de Seguridad, a través del informe R.A.M., menciona a la radio comunitaria Zumba la Turba, vinculándola con este nuevo “enemigo interno”, que pone en peligro la seguridad nacional y el Estado Argentino. Siguiendo con este planteo, el pueblo Mapuche encabezaría un grupo de organizaciones peligrosas que incluye anarquistas, Kurdos, miembros de las FARC y medios comunitarios: decir “un disparate” sería demasiado subjetivo, nos limitaremos a decir que es absurdo. Siguiendo con los ataques al sector comunitario de la comunicación, no podemos dejar de mencionar el caso de FM Alas, quienes a raíz de cubrir el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, recibieron amenazas y amedrentamientos. En este caso, el Estado Argentino actuó por omisión, sin tomar acciones relevantes y dejando a merced de su suerte (en un contexto de violencia) a un medio alternativo.

La decisión política de crear un enemigo interno se complementa con el endurecimiento de las políticas en materia de seguridad que ya hemos mencionado. En este sentido, no podemos dejar de lado la declaración de emergencia en seguridad pública a los pocos meses de haber asumido Mauricio Macri. Mediante el decreto 228 del año 2016 se pretende “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado”, entendiendo estos últimos como delitos relacionados con asociaciones ilícitas terroristas o como delitos con fines políticos o raciales (entre otros)³. Esta normativa cobra sentido considerando que la seguridad y específicamente la lucha contra el narcotráfico fueron pilares en la campaña presidencial de Mauricio Macri. A este ejemplo se le suman muchos casos mas, como la compra de tanquetas y de vallas fijas para impedir las movilizaciones y las protestas en la calle, los procedimientos cotidianos militarizados como son los patrullajes de la Policía de la Ciudad con motocicletas y escopetas por las arterias de la ciudad, o los abusos e intimidaciones de las fuerzas de seguridad.

Como ya hemos dicho, son tiempos violentos. Una comunidad de pueblos originarios es construida como una amenaza que justifica el uso extremo de la fuerza, acabando con las vidas de dos jóvenes, entre otras atrocidades. No solo la violencia física es alarmante, sino que se incurre en un hecho de violencia simbólica, vinculando un conflicto territorial con actividades terroristas. La construcción de una narrativa que justifica el abordaje violento de los conflictos, lejos de resolverlos, los agrava. Como consecuencia, existe un proceso de polarización y desintegración del tejido social, violación de los derechos humanos y las garantías, restricción de las libertades civiles y de exaltación de la violencia como solución y como política de Estado: un espiral vicioso y degenerativo.

Este caso resulta llamativo, en tanto se construye un enemigo interno como una amenaza para la sociedad, pero es el mismo Estado el que resulta ser un actor violento que utiliza el miedo como elemento disciplinador.