Medios comunitarios y la lucha por la democratización llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por Mónica Valdés, vicepresidenta de AMARC-ALC, coordinadora CPR-Colombia
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina (LSCA) constituyó un paso significativo en la garantía del derecho a la comunicación e inspiró a otros procesos normativos del continente con el mismo propósito de generar acceso a todos los actores sociales en el ecosistema de medios, sin discriminación.
Basada en los principios de pluralismo, diversidad y participación social, la ley creó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), que actuaba como una instancia de consulta y seguimiento, así como orientador de pautas y lineamientos para acceso equitativo a fondos y concursos públicos.
El comunicador Patricio Enciso Riveros, de la Cooperativa de Trabajo de la Comunicación Social y miembro de la emblemática FM En Tránsito, era uno de los integrantes del COFECA, pero una vez que se instaló el gobierno de Macri fue removido de su cargo que ejercía ad honorem. Junto con él, se removieron todos los representantes que garantizaban la voz de los comunicadores populares de las provincias y de los distintos sectores.
Sin pausa, desde enero de 2016, Enciso Riveros emprendió una lucha en cada una de las instituciones del Estado reclamando la no regresividad de un derecho adquirido, basándose en una ley de Estado y no de gobierno.
Pasaron meses y años hasta el día 7 de mayo de 2018, fecha en la que se le notificó la decisión de Corte Suprema de rechazar la demanda que se hiciera contra el Decreto de necesidad y urgencia de Macri, la cual se había tramitado con FM en Tránsito, la Cooperativa, con el apoyo jurídico del CELS.
Teniendo en cuenta que se agotaron los recursos domésticos ante la ley de Argentina, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en todas sus representaciones (nacional Argentina, regional América Latina y Caribe, y su Consejo Mundial) decidió llevar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y acompañar la petición que encabeza Patricio con el fin de denunciar “la violación del derecho a la libertad de expresión (artículo 13 CADH) en relación con el artículo 1.1, 2, 9 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los derechos protegidos por los artículos 8 y 25 de la CADH”.
La redacción de la denuncia y todo el acervo de pruebas documentales se han realizado con el litigio jurídico de Damián Loreti, como co-peticionario en calidad de vicepresidente del Board International de AMARC con la asistencia de los doctores Gómez Alcorta, Aldazabal, Mena.
La Ley Audiovisual sigue desarmada en puntos clave en Argentina. No hay aún una prometida Ley Convergente ni tampoco se abre el debate. Pero los derechos humanos no pueden esperar.
Imagen: Buenos Aires Foto
