Cómo dice el gobierno que encontró el Estado en materia de políticas de comunicación.
En junio de 2016 el gobierno publicó el informe “El Estado del Estado”, que detalla con qué se encontraron, según ellos, cuando llegaron a la administración pública. Analizaremos el capítulo dedicado a la comunicación y los medios.
Desde el vamos, el perfil es elocuente. El párrafo introductorio contiene los siete desafíos que el gobierno considera que se encontró al tomar la gestión en el tema de las comunicaciones (p. 177):
“1) la deficiente prestación de los servicios de telecomunicaciones,
2) una insuficiente resolución de los reclamos de usuarios,
3) un notorio incumplimiento en el otorgamiento de las Licencias Únicas de Servicios de Telecomunicaciones,
4) el congelamiento innecesario de los fondos del Servicio Universal,
5) normas obsoletas, sobre todo para una industria que cambia todo el tiempo,
6) severos problemas en la reglas de interconexión de las redes, y
7) falta de licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico.”
De los desafíos que identifica el gobierno se desprende que la comunicación no es vista como un Derecho Humano sino como un factor dinamizador de mercado, y que —en este sentido— tiene mayor importancia el sector de las telecomunicaciones que el de la radiodifusión, enfocando las preocupaciones en torno a servicios, usuarios, industria, con una mirada economicista sobre una actividad que debería mirarse desde los Derechos Humanos.
Lo primero que el informe empieza a analizar es la lentitud de los servicios de telefonía y banda ancha y la incapacidad del Poder Ejecutivo para licitar de forma adecuada el espectro para la proliferación del 4G. Dicen que no se otorgaron prácticamente licencias entre 2003 y 2015. Pero habla de telecomunicaciones. En la mayoría de los casos el informe —así como el gobierno en cada aparición pública— cuando habla de comunicaciones, se está refiriendo a telecomunicaciones, lo cual es una muestra de la opción tomada para las políticas en torno al tema.
Cada uno de los siete desafíos anticipan y concuerdan con el perfil impulsado por los 17 puntos para una ley convergente.
De los desafíos que identifica el gobierno se desprende que la comunicación no es vista como un Derecho Humano sino como un factor dinamizador de mercado.
En la página 179 llama la atención respecto del diagnóstico que hacen de haber encontrado con el cambio de gobierno “más de 5.000 radios ilegales”. Cuesta entender cómo pudieron relevar tal cantidad de emisoras, y ni hablar de averiguar a qué llaman ilegales ni qué medidas se desprenderían de este problema. Por otra parte, menciona en la página 180 la existencia de 14.000 expedientes paralizados y que la gestión en distintas áreas se daba “mediante procesos informales, sin criterios uniformes”, lo cual parece creíble habiendo asistido a cómo se fueron resolviendo problemas con los medios comunitarios, dando licencias a cuentagotas, sin elaboración de plan técnico ni reglas generales a los que los medios pudieran ajustarse de forma previsible.
Inquieta la frase de la página 180, cuando señala que “La sede de AFSCA en la calle Suipacha, por su parte, abarrotada de expedientes y personal, incumplía con las medidas de seguridad e higiene”. Esto prepara el terreno para eliminar expedientes sobrantes, como así trabajadores y trabajadoras, igualando personas con objetos, ambos como molestias y obstáculos para el funcionamiento del organismo.
Respecto del Fondo Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), señala el informe que los mismos se gestionaban “mediante procesos informales, sin criterios uniformes, incurriendo en graves desprolijidades administrativas, sin reglamentos de evaluación ni la aprobación de la rendición de cuentas por acto administrativo” (p. 180), lo cual me animo a afirman que no es cierto. Más allá de opiniones o conocimientos personales, lo importante es que diagnósticos como este sirven para justificar a futuro la modificación o cierre de este tipo de programas, o al menos dejar el terreno preparado para hacerlo en algún momento por “haber avisado” que funcionaba mal.
Resulta muy curioso, y no menos cierto, el hecho de que el actual gobierno le achaque al anterior que en cuanto al fondo para servicio universal “el Estado se ausentó del marco regulatorio y abandonó el sector a las tendencias concentradoras del mercado, sin intervención alguna ni protección del usuario”, lo cual sonaría como algo que el discurso kirchnerista podría reclamarle al discurso macrista, y sin embargo es a la inversa.
Descargar y leer diagnóstico completo.
